Falsos positivos; crímenes de Estado en Colombia

El término "falso positivo" habla de aquellos ciudadanos inocentes que han sido asesinados a manos de militares haciéndolos pasar por guerrilleros. El proceso consistía en atraer a individuos, de manera selectiva, a través de una falsa oferta de empleo. Una vez aceptado el acuerdo, los paramilitares los llevaban a otra localidad para asesinarlos y después presentarlos como guerrilleros. ¿Cómo hacían esto? Esta es una de las grabaciones que publica el medio de comunicación Noticias Uno entre coronel y capitán:

Decreto Boina

Dichas acciones aparecieron de la mano de la creación del "Decreto Boina". En el documento se explican las bonificaciones dotadas a esta organización nacional, donde se dotaba a la tropa de importantes sumas de dinero como intercambio del asesinato de guerrilleros.

Según el artículo 2 del decreto: "se consideran de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional".

Lo que no se dijo es que, después de haber derogado el decreto, se mantuvo de manera secreta una directiva que mantenía esta retribución por dar de baja a "guerrilleros".

Según Juan Manuel Galán Pachón (senador del Partido Liberal), "la bara con la que se miraba la efectividad de la fuerza pública era el número de positivos"

Soacha; polvorín de la verdad

A finales de septiembre, Soacha -Cundinamarca- revelará la existencia de una realidad que, hasta entonces, mucha gente no creía. Once jóvenes desaparecieron en Soacha a finales de septiembre para ser encontrados, ya muertos, en Ocaña y Cimitarra -Santander.

Según Iván Céspedes Castro (Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), "las fuerzas de control social en un país tan excluyente, apela a formas donde la violencia se convierte en instrumento de regulación"

Por su parte, el fiscal General de la Nación, Mario Germán Iguarán, seguía defendido que la Seguridad Democrática (política de crecimiento de las fuerzas armadas y una educación cívica acorde) era necesaria para combatir la criminalidad pero, según él, sería necesario revisar la circular en el caso de que sus destinatarios le estén dando un entendimiento equívoco de delincuencia, algo que era evidente.

Este contrato, en realidad, permitía facilitar el ascenso, la realización de condecoraciones, de recompensas, etc. Estas recompensas, de dos millones de pesos por cada joven, se realizaban de manera directa cuando estos militares conseguían enrolar a jóvenes dentro del ejército. De esta forma los llevaban a Ocaña donde los mataban para hacerlos pasar por falsos positivos. En total, hay 1.200 víctimas de falsos positivos.

Como respuesta, el 29 de octubre de 2008, en Bogotá, fueron destituidos veintisiete militares, diez oficiales y diecisiete suboficiales, entre ellos tres generales. Según el ex general de la segunda división del ejército Colombiano, José Joaquín Cortés, esta era únicamente "una decisión de Estado para calmar la opinión pública".

Este es el video que publicó el medio de comunicación Noticias Uno sobre las evidencias de la creación de Falsos Positivos:

La ayuda estadounidense

Ya es sabido, entonces, la existencia real de estos casos. Aún así, la acción militar estadounidense seguía fluyendo en pro del ejército militar colombiano.

Noam Chomsky: "Colombia fue el principal receptor de ayuda militar de los EE.UU -probablemente más que todo el resto del hemisferio- durante la década de los 90 y el período de Clinton"

Este documento de la CIA de 1994: "Contrainsurgencia Colombiana: pasos en la dirección correcta" cita lo siguiente: "los militares siempre han asesinado a civiles de izquierda en las zonas de presencia guerrillera, cooperan con grupos paramilitares y narcotraficantes para la identificación de supuestos simpatizantes de la guerrilla y matan prisioneros de Guerra".

¿Y qué ocurre con las víctimas?

El 9 de mayo de 2009, en Florencia, Caquetá, el Movimiento Nacional de Víctimas llevaba la décima audiencia. En estas audiencias miles de personas participaron, pero solo han permitido reconocer algunas víctimas.

¿Por qué? El principal problema fue la clara dificultad de las víctimas de acceder a la justicia; el dinero. Además, las víctimas eran segregadas generalmente, con lo que tenían que vivir en clandestinidad y callar su injusticia por el miedo a ser perseguidos o rechazados por la sociedad. Se construyó una cultura del miedo alrededor de la víctima, un miedo agravado por el presidente Uribe al amenazar a todo aquel que denunciase ser víctima sin serlo en realidad. Sin embargo, muchas de las víctimas no podían demostrar su caso y eran considerados como falsos casos y castigados por el Estado.

¿Qué hacer? En este caso, el silencio era su mayor aliado.

Estas sentencias se dieron gracias a la realización del Estado, en julio de 2005, de la Ley de Justicia y Paz. En esta ley, los combatientes de estos ejércitos ilegales podrían reinsentarse en la vida civil al entregar las armas y confesar sus crímenes, con los que asumirían penas de 5 a 8 años de prisión como máximo. Sin embargo, de los 32.000 paramilitares que depusieron las armas, unos 600 se presentó a la comisión judicial. El resto queda impune.

Participación del Estado

Claudia López, analista política, explica cómo ahora se conoce que fueron los políticos los que ayudaron a crear grupos paramilitares con el fin de despojar tierras a los campesinos. Un proyecto económico muy rentable con el que robar tierras y hacer proyectos agroindustriales -además ser copartícipes del narcotráfico. Hoy la Justicia ha logrado demostrar que, por lo menos uno de cada tres puestos de elección popular, se encuentran dentro de esta organización criminal

Así, en el amanecer del 13 de mayo de 2008 el Gobierno puso en manos de hombres de la Drug Enforcement Administration (DEA) a cabecillas paramilitares, entre los que se encontraban Salvatore Mancuso, Diego Murillo -alias "don Verna"- y Rodrigo Tobar Tupo -alias "Jorge 40". Los 3 detenidos, llevados a comparecer ante EE.UU., poseían varios delitos en común: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio y lavado de activos. El problema fue que, en realidad, se les estaba juzgando principalmente por el narcotráfico, dejando de lado el proceso por los delitos realizados de lesa humanidad.

¿Dónde terminó la Justicia? Dos condenas parciales por el asesinato de once personas y el desplazamiento de 300 familias. ¿Y la paz? Para las 973 personas que encontraron los restos de sus familias, frente a los 48.000 desaparecidos hasta el día de hoy.